Con la maniobra de intentar disolverlo frustrada a primeros de año, el gobierno municipal del Ayuntamiento de León opta ahora por externalizar buena parte de la gestión del polígono industrial para cubrir la falta de actividad. Con el enunciado de «servicio de asistencia técnica para la gestión urbanística y tramitación de expedientes», el consistorio de la capital da un paso adelante en su plan para liberarse de un órgano en el que, a pesar de contar tan sólo con el 20% del terreno, ostenta el control frente a los otros dos ayuntamientos, Onzonilla y Santovenia de la Valdoncina.
El compromiso, licitado con un presupuesto de 65.884 euros y adjudicado a la empresa Omicrón-Amepro, se justifica como modo para «asistir a los ayuntamientos integrantes del Consorcio para la regularización, desarrollo y ejecución de las actuaciones urbanísticas sobre las fincas de su propiedad». Pese a que ya había un plan que no se ejecutó por completo y que cuenta con personal asistente, León opta por encomendar fuera ahora la «regularización registral y catastral en su caso» de los terrenos para lograr poner suelo en el mercado tras años atascados.
El contrato detalla como necesidades a cubrir por la empresa la «depuración del estado de propiedad registral y catastral de las fincas que conforman el ámbito territorial del polígono industrial de acuerdo al planeamiento vigente». Con esta actuación, que no ha sido capaz de llevar adelante el ente supramunicipal controlado por el Ayuntamiento de León, «se dará respuesta a las características de cada parcela, se realizarán los trámites para su regularización asesorando a los ayuntamientos para ceder, en caso de que esta sea su voluntad, al consorcio las fincas hasta proceder a su enajenación y venta», como se explica en los pliegos de condiciones.
El enunciado da respuesta a una de las reclamaciones que plantean desde hace años los empresarios del polígono, que alertan de la existencia de terrenos que no se ponen en valor, pese a la demanda de empresas para instalarse. El criterio se fija en los resultados de la estrategia que se desarrolló en 2017, cuando el nuevo Plan de Ordenación se vendió como una oportunidad para colocar en el mercado 101.400 metros cuadrados.
La bolsa se repartía en nueve parcelas, pero cinco años después los resultados quedan muy por debajo de las expectativas: apenas se vendieron dos parcelas y la mitad de otra, una tercera quedó sin comprador y las cinco restantes aguardan todavía la cesión efectiva al consorcio por parte de los ayuntamientos, dos correspondientes a Onzonilla y tres a Santovenia de la Valdoncina. En suma, más de 66.000 metros cuadrados que se ven perjudicados además por los precios de salida, alrededor de 60 euros el metro cuadrado, que los empresarios ya denunciaron que no son competitivos con otras instalaciones del entorno, como Villadangos, donde además alertan de que cuentan con subvenciones por parte de la Junta.
Ahora, la empresa externa tendrá que intentar poner el orden que no ha sido capaz de aplicar el Ayuntamiento de León, que tiene la presidencia, ni los consistorios de Onzonilla y Santovenia de la Valdoncina, propietarios de esta bolsa de suelo importante que podría entrar en el mercado y atraer actividad.
Con esta máxima, la empresa externa debe conceder un marco adecuado a los tres ayuntamientos tras años de fracasos en la gestión del consorcio comandado por León. La firma adjudicataria del contrato tendrá que «realizar labores de investigación de las parcelas del polígono industrial con el fin de detectar el grado de cumplimiento de los deberes urbanísticos impuestos sobre cada una de las fincas existentes sobre el mismo», además de asistir «ante el incumplimiento de deberes urbanísticos». El capítulo de tareas recoge también la asistencia «para la gestión de los bienes de su propiedad y regularización en los respectivos inventarios» y el asesoramiento para «la defensa de los intereses» del ente «ante otros organismos o autoridades administrativas».
Como bordón, el contrato advierte de que el asesoramiento para la gestión del desarrollo urbanístico del polígono industrial de León puede ir un paso más allá. Los trabajos por los que cobrará la ingeniería especializada, que ya ha hecho otros encargos para el Ayuntamiento de León, «podrán conllevar la adaptación del Plan Especial vigente a las nuevas necesidades detectadas», como se expone en el informe, en el que se añade que «se analizarán las posibles modificaciones o posibilidades que da el planeamiento para abordar la disposición de un mayor número de aparcamientos».
La suma de tareas entra dentro del coste del contrato. La empresa cuenta ahora con un plazo de ejecución de 10 meses para sacar adelante lo que el consorcio, paralizado por la inactividad del Ayuntamiento de León, no ha sabido hacer en los últimos años.