Los márgenes de la mancomunidad de interés general (MIG) de León y su alfoz se ensanchan. El ente del área funcional promueve una modificación de estatutos para ampliar el abanico de «competencias y funciones para su prestación de forma conjunta». La inclusión permitirá la actuación «coordinada» para «evitar actuaciones individualizadas» en otras ocho nuevas áreas: bomberos, planificación y gestión de suelo industrial, abastecimiento y saneamiento de agua, recogida de residuos y limpieza viaria, transporte público y vehículos compartidos, infraestructuras básicas, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, y cementerio y servicios funerarios.
El listado se abre para que los ayuntamientos soliciten su entrada en cada uno de estos servicios. A catálogo, cada municipio puede optar por la prestación conjunta de todos estos servicios dentro de la MIG, siempre con el beneplácito de León por ser el de mayor población, o tan sólo de los que le interesen. Como requisito básico sólo necesita estar ya adherido, como sucede con la capital, San Andrés del Rabanedo, Cuadros, Chozas de Abajo, Mansilla Mayor, Onzonilla, Sariegos, Valverde de la Virgen, Villaquilambre y, de manera reciente, Vega de Infanzones y Villadangos. Fuera, aunque con opción de entrar si lo acuerdan en sus respectivos plenos municipales, quedarían Santovenia de la Valdoncina, Garrafe de Torío, Valdefresno, Villasabariego y Villaturiel. En suma, más de 205.000 habitantes: el 44% del censo provincial.
Sobre este escenario, la MIG redefine su ámbito de competencias. La primera modificación se limita a recoger que el servicio de prevención y extinción de incendios se dará «a través de los medios de que dispone el Ayuntamiento de León», como ya se recoge en el convenio con la Diputación, para precisar que la gestión del parque queda en poder municipal y no del ente. La misma mecánica se plantea para la «recogida de residuos domésticos y limpieza viaria». La propuesta de modificación estatutaria marca que se hará «a través de los medios de que dispone el Ayuntamiento de León». La apostilla se plantea para que entre la gestión en el polígono industrial de Onzonilla, donde hasta ahora recoge la basura y limpia una empresa a la que se acaba en contrato dentro de un año, sin que por el momento ningún otro ayuntamiento haya mostrado interés en solicitar la prestación, que requeriría un compromiso expreso y la contratación de más medios humanos y materiales.
El proyecto afecta también al transporte. El servicio había quedado fuera de los objetivos de manera intencionada para que la empresa concesionaria en León, Alesa, perteneciente a Alsa, no pudiera ejercer la cláusula del contrato por la que, en el caso de pasar a mancomunarse el servicio, se le prorrogaría 10 años el contrato. El compromiso se acabó en octubre, pero el Ayuntamiento le concedió a la mercantil una prórroga de 2 años y 3 meses, hasta marzo de 2024, por las pérdidas provocadas como consecuencia de las restricciones del covid. En este calendario, se entiende que no habrá obstáculos judiciales porque el servicio no se presta aún de manera efectiva, lo que permite empezar a trabajar en la definición del transporte metropolitano.
El acuerdo llega en consonancia con la Junta. La administración planteó desde el inicio que cedería la gestión a la MIG y la inversión de los casi 12 millones de euros, financiados por los fondos Next Generation de la UE, para la modernización de una red integrada. La inclusión en los estatutos posibilitará que el ente avance en el trabajo para la prestación conjunta a los municipios que se adhieran, sin la disfunción actual, en la que el Ayuntamiento de León tiene un contrato y la Junta otro, con líneas que se solapan.
El apartado del transporte no acaba aquí. En el artículo añadido, con la nominación de «mantenimiento, desarrollo y financiación de servicios de transporte público de viajeros o privado compartido», se recoge que la MIG se encargará de la «planificación, promoción y desarrollo del vehículo de uso compartido».
El texto presenta además la opción para dos servicios que ya están mancomunados. La MIG podrá acoger la competencia de «cementerio y servicios funerarios». Ahora están unidos León, San Andrés y Villaquilambre, por medio de Serfunle, y a la espera de que el Supremo confirme o no la anulación de la concesión y posterior liquidación, lo que abriría la puerta para su inclusión en el ente y, la entrada de otros municipios, previo pago de una compensación, como sucedería también con la basura. No sería el único. La modificación estatutaria incluye el «alcantarillado, evacuación y tratamiento de aguas residuales», que ahora hace Saleal, en la que están los tres mismos municipios, más Santovenia de la Valdoncina.
Como cierre, el abanico de servicios abiertos permitirá a la MIG intervenir en la «construcción, mejora y mantenimiento» de cinco infraestructuras viarias: sendas peatonales verdes, carriles bici, sendas fluviales, Caminos de Santiago Francés y de San Salvador y otras sendas o recorridos de interés local o provincial».
El texto entra en el caso de la planificación y gestión de suelo de uso industrial. La entrada de esta función permitirá avanzar en el plan para poner en valor cerca de 5 millones de metros: 4 millones entrarían como nuevo desarrollo para instalar empresas, con una previsión de que uno se emplee en una planta fotovoltaica. La suma sale de los casi 1,8 millones de metros cuadrados en el entorno del aeropuerto, el matadero y la segunda fase de la Ronda Sur; 1,5 millones de metros en Torneros; cerca de medio millón en la ampliación del Parque Tecnológico; y el resto en el Cetile de Chozas, más lo desarrollado en Navatejera. A mayores, entra en la planificación lo ya desarrollado en Onzonilla, para lo que se requiere que entre Santovenia de la Valdondina, que tiene una tercera parte de ese polígono, y las 1,2 millones programados en el nuevo desarrollo de Puente Castro, junto a la carretera de Villarroañe. El objetivo afectaría además a la plataforma de Torneros. No porque la MIG se arrogara las funciones de venta de los suelos, ni el otorgamiento de licencias, sino sobre todo para lo que estrictamente afecta a la prestación de servicios. En este encaja otra de las nuevas competencias: el «abastecimiento y distribución de agua en alta y baja presión, y saneamiento, a través de los medios de que dispone el Ayuntamiento de León», como se cita en el documento de modificación estatutaria. La reseña permitirá regular la situación que ya se da con Aguas de León en los pueblos de La Virgen del Camino y Villaobispo, a los que se cede agua en alta presión para llenar sus depósitos y que la gestionen, y al polígono de Onzonilla en baja. El cambio favorecerá que el ente pueda cobrar las tasas de manera directa y, en el caso de que otros municipios quieran, darles la prestación.