En el último año apenas se han ejecutado inversiones por valor de 1.000 euros. No se han ingresado tampoco los 75.000 euros que cada uno de los tres ayuntamientos tiene que aportar como anualidad por su participación. Las reclamaciones de los empresarios por las deficiencias en las instalaciones se acumulan. Pero el Ayuntamiento de León, que preside y controla el organismo pese a contar con menos del 20% del total del suelo, promueve ahora como solución a los problemas disolver el consorcio urbanístico intermunicipal para la gestión del polígono industrial, en el que se agrupa junto a los consistorios de Onzonilla y Santovenia de la Valdoncina, después de que en el pasado mes de diciembre ni siquiera fueran capaces de llegar a un entendimiento entre los tres para aprobar el presupuesto del ejercicio en curso.
El informe con la propuesta quedó ayer encima de la mesa en la asamblea. No se avanzará por el momento, después de que en el seno de la reunión se suscitaran las dudas sobre la disolución. La viabilidad tendrá que resolverse ahora en un nuevo documento de argumentación jurídica encargado a la secretaría del consorcio. El texto tendrá que resolver no sólo el modo y las consecuencias de la decisión, sino también la viabilidad de que las funciones de gestión y planeamiento del suelo se traspasen a la mancomunidad de interés general de León y su alfoz, como se intenta desde el consistorio de la capital leonesa.
El problema, como han advertido desde Santovenia de la Valdoncina, reside en que este ayuntamiento no forma parte de este ente. Pero además, como apuntaron desde Onzonilla, se da la circunstancia de que en la mancomunidad sí que están integrados otros ayuntamientos que cuentan con su propio polígono industrial, como Villaquilambre o Villadangos del Páramo, lo que podría generar conflicto de intereses en la gobernanza. No se podrá hacer, en todo caso, si no hay unanimidad de los tres socios, unidos desde 2002. En ausencia de un organismo tendrían que asumir cada uno de ellos la prestación de los servicios de saneamiento, suministro de agua, recogida de basura y limpieza viaria, alumbrado y mantenimiento en el suelo de su titularidad: la capital un 20% y los otros dos a partes iguales.
El plan queda ahora a expensas de la documentación que se encargó para la próxima asamblea, prevista en 15 días. Pero en su espera, ayer se tomó en consideración el informe de Intervención que resolvió disolver el consorcio, presidido por la socialista de la capital Evelia Fernández, quien tomó después de mayo en relevo de su compañera Susana Travesí tras la crisis de gobierno municipal. El documento, con el que avanzó su disconformidad la Secretaría, insiste en que no se cumplen los objetivos que motivaron la creación del consorcio. Ya no «subsiste la condición de entidad local», lo que hace que su «nueva consideración como ente institucional prohíbe al consorcio de la potestad tributaria y potestad reglamentaria». «Este cambio normativo hace inviable la aprobación de ordenanzas fiscales o la aprobación de prestaciones patrimoniales públicas no tributarias», se cita.
El documento de Intervención abunda en que «han de ser los ayuntamientos los que presten los servicios de suministro de agua y alcantarillado y recogida de residuos», además de que recoge que «la existencia del consorcio no mejora la eficiencia de la gestión pública, ni tampoco permite asignación más eficiente de recursos».
El interventor insiste en que tampoco «ha dado lugar a la cooperación económica, técnica y administrativas de los tres ayuntamientos con sorteados, tanto servicios locales como en asuntos de interés común, ni elimina duplicidades administrativas, ni colabora a cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad». «Al contrario, el consorcio supone una duplicidad administrativa importante en la prestación de los servicios de recogida de residuos, suministro de agua y servicio alcantarillado», se cita.
La Intervención del Ayuntamiento de León da un repaso además a la gestión del ejercicio 2020, en el que el remanente de tesorería para gastos generales pasa de 675.195,8 a 575.555,31 euros. El encargado de la fiscalización económica subraya que «hay una inejecución de 226.268,50 euros, causados por la no transferencia de recursos por cada uno de los tres ayuntamientos, a razón de 75.000 euros al año por cada uno». Esta ausencia «totaliza un exceso de previsión de 225.000 euros», mientras que los restantes 1.268,50 euros «se deben a las bajas en los padrones de las tasas de agua o recogida de residuos», como se señala para advertir de que esta «circunstancia deberá ser objeto de la correspondiente investigación, ya que no consta que se haya adoptado acuerdo de baja de obligado tributario alguno».