El Plan Especial de Ordenación del Polígono Industrial de León, Onzonilla y Santovenia de la Valdoncina, que acaba de ser definitivamente aprobado, tiene dos ojbetivos fundamentales: la coordinación normativa (en sus 40 años de funcionamiento ha sufrido «multitud de pequeñas intervenciones» por parte de distintas administraciones); y la revisión de la «funcionalidad prevista». En este sentido, según recoge el nuevo plan, era necesario ya adaptar la normativa urbanística a «los cambios acaecidos en el tejido industrial de la zona. Mientras que en la década de los 70 las actividades industriales se centraban en la fabricación y en la transformación de materias primas, en la actualidad lo hacen en la manipulación, almacenaje y distribución de productos manufacturados». Lo que obliga también a revisar las normas y edificabilidad de las naves instaladas.
Además, la reordenación lleva a cabo una profunda transformación de los espacios verdes y los servicios públicos, y pone de manifiesto «la necesidad de responder de la forma más urgente posible al proceso de degradación que se viene detectando en los últimos tiempos, al que la actual coyuntura económica ha otorgado una aceleración inesperada».
En resumen, falta de uso realmente industrial y abandono del polígono por el recorte en las ya escasas inversiones que siempre se han denunciado en el mantenimiento de los espacios públicos son dos de las causas de esta reforma, cuya tramitación se ha prolongado desde finales de 2013 hasta ahora. En el tema administrativo, el nuevo plan dota de coherencia y homogeneidad al régimen urbanístico del suelo industrial, que se había convertido en una suma de planes urbanísticos y modificaciones de los tres ayuntamientos en los que está ubicado.
Obtención de recursos
Entre los objetivos que marca el plan especial, se hace hincapié también en la racionalización de las dotaciones urbanísticas públicas, y la optimización de su ubicación. Y todas estas actuaciones tienen también como finalidad ayudar a la «obtención de recursos para el mantenimiento en las condiciones adecuadas de las redes urbanísticas del ámbito».
De hecho, se libera parte del suelo de uso público y se califica como privado con el objeto de «poder descargar a la administración pública de su mantenimiento», señala el documento aprobado.
Los cambios que establece este plan en la infraestrucura industrial se justifican por una mejor adecuación de los sistemas de dotaciones urbanísticas, «racionalizando de forma especial los de vías públicas y servicios urbanos»; reduciendo en lo posible el espacio que ocupan esas vías públicas para dotar a los servicios de mayor espacio. Además, se reparten por todo el polígono industrial.
Más servicios
De hecho, la propia memoria del plan de ordenación recoge que se ha detectado entre los ocupantes del polígono una mayor demanda de «usos alternativos al prioritario», por lo que la nueva reglamentación amplía el máximo legal permitido para acoger servicios como edificios hosteleros, de oficinas o comerciales. Aunque advierte que estos locales «no deben convertirse en significativos por su cuantía», sí señala que tienen que tener relevancia para el «adecuado funcionamiento del polo de actividad económica», que requiere disponer de servicios terciarios en la zona.
El plan especial detalla el cambio de calificación que se ha hecho en algunas de las parcelas (guardería, espacios deportivos, zonas verdes) y cómo se han redistribuido las calificaciones para no modificar en esencia los espacios reservados a cada fin en el proyecto original, pero logrando una distribución más dispersa por todo el entorno y adecuada además a las necesidades de los actuales ocupantes del polígono industrial de la capital.